El caso del lince tiroteado

El Seprona estrecha el cerco sobre los presuntos autores de la muerte a tiros de un lince en el Cortijo del Quema · Las pruebas de balística, claves para esclarecer la autoría del crimen

RAFAEL MORENO | ACTUALIZADO 05.02.2012 - 05:01


Cuando a finales de julio de 2011 apareció un lince tiroteado en el entorno del coto de caza Cortijo del Quema (Aznalcázar), en pleno Entorno de Doñana, el autor o autores de la muerte del animal protegido no podían ni imaginar que aquel acto iba a desencadenar una verdadera investigación cuasi criminal.

Ahora, con la culpa en los talones, los dos cazadores imputados se pueden enfrentar a una verdadera pesadilla si al final se demuestra la intencionalidad de su acción y la autoría de unos hechos por los que le pueden llegar a caer hasta dos años de cárcel y una multa que oscila entre los 200.001 y los 2.000.000 de euros.

De momento, el animal ha sido tasado en 134.000 euros. Es la primera vez que los expertos valoran un lince. Aviso para navegantes y desaprensivos que se han aficionado a tirotear a una especie protegida por la normativa española y europea.

Hasta llegar a la imputación de dos cazadores, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva ha protagonizado un largo e incansable rastreo que ha incluido un pormenorizado estudio y análisis del cadáver del felino.

Desde que apareciera a finales de julio, los agentes se empeñaron en esclarecer el asunto. Postura del animal, fauna forense que presentaba el cadáver, datos meteorológicos, fecha exacta de la muerte... Un informe al que no le falta nada.

Por la forma en que fue encontrado, aplastado y envuelto en matojos, se dedujo que había sido transportado y ocultado por los cazadores que le dieron presuntamente muerte. Una vez que se recogió, el Seprona envió el lince al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna de Málaga (CAD) donde han preparado un sesudo informe que se llevará al juicio contra los cazadores cuando éste se celebre.

Los agentes que han participado en las indagaciones han localizado testigos que frecuentaban el lugar de los hechos, han requisado armas de caza, identificado y ubicado en el lugar a varios de los participantes en aquella infausta cacería.

Ya solo queda un dato clave para esclarecer el crimen definitivamente: los datos de balística.

Se encontraron en el cuerpo del animal hasta 32 proyectiles. También se han encargado las pruebas y se aportarán cuando toque. Si los cartuchos analizados coinciden con las armas requisadas y estudiadas: bingo. Caso resuelto.

Los acusados y presuntos tuvieron la oportunidad de declararse culpables de una muerte accidental de animal silvestre. Bastaría con pagar una multa de unos 3.000 euros y un acuerdo entre las partes. Pero no. Han decidido reivindicar su inocencia.

El caso del lince tiroteado se ha convertido en un ejemplo de investigación de un crimen de especie protegida. Ya se verá en qué acaba todo.

Los dos cazadores imputados por la Guardia Civil por la muerte del lince juegan con fuego.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad estipula como infracción muy grave "la destrucción, muerte o deterioro, recolección, comercio, intercambio y oferta con fines de venta de especies catalogadas en peligro de extinción".

Y el lince ibérico, considerado el felino en mayor peligro de extinción del planeta, está incluido en el catálogo nacional de especies amenazadas desde hace más de 20 años y se le considera una especie en peligro crítico de extinción, el mayor nivel de riesgo establecido por la unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El Código Penal establece que los dos imputados por la muerte del lince podrían ser condenados hasta dos años de cárcel si se demuestra la intencionalidad.

Un antecedente de este caso fue la sanción de 26 millones de pesetas impuesta en su día por la Junta de Andalucía a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar por la muerte de un lince ocurrida en sus terrenos en agosto de 1994, aunque finalmente fue anulada en los tribunales por defectos formales.

Otro antecedente fue el juicio contra dos ganaderos de Andújar para quienes el fiscal pidió dos años de cárcel por el envenenamiento de un lince en un gallinero de su propiedad y que ocurrió en noviembre de 2008.

La muerte del lince de Aznalcázar (Sevilla) acarreó dolores de cabeza para la Junta. Nada más tener constancia de su muerte, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, calificó la muerte del animal protegido de "deleznable" y "canallada" pero tres meses después de ese arranque la Junta aún no se había personado en el caso aunque finalmente lo hizo arrastrada por las críticas de la organización ecologista WWF.

La organización ecologista aplaude la larga y pormenorizada investigación que han realizado los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. WWF recuerda que esta es la primera vez que se imputa a una persona por la muerte a tiros de un lince en el entorno de Doñana y a la detención de los presuntos culpables.

Fuente: Huelvainformacion.es