M. FERNÁNDEZ / B. MARÍN - MADRID - 31/05/2009 20:30
Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales... La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia. "Es el decimotercero en diez años", explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de "sumidero para los osos". A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.
El uso de lazos, aprobado en plena zona osera, es ilegal en España y la UE
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que "puede resultar mortal para el oso", puntualiza Hartasánchez, quien sospecha "que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas", sentencia.
Más trampas
No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.
Parte de la Dirección General de Medio Natural está imputada
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués.
Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción.
Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
«Tras el estudio de los topillos nos llamaron mentirosos»
Una de las bestias negras de la Junta se llama Javier Viñuela, el científico que sacó a la luz los datos del envenenamiento masivo de los topillos y sus nefastas consecuencias para el resto de la fauna. El doctor Viñuela, director del IREC, un centro del CSIC, y coautor del último estudio sobre el tema publicado en la revista Enviromental Conservation, acaba de crear la web
verdadesdelostopillos.com, en la que se recoge la información científica y se rebate las acusaciones de la Junta. "Cuando publicamos el estudio nos llamaron mentirosos y delincuentes, esgrimiendo un supuesto informe en el que se dice que el veneno es inofensivo.
Pero casi dos años después nadie ha visto ese informe en papel oficial alguno. En Castilla y León impera el miedo, y los que hablan no se atreven a dar su nombre", asegura el investigador. En la web desvela estudios inéditos de la Universidad de Valladolid pagados por la Junta y luego censurados por ella, explica.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica también se llama la atención sobre los efectos nocivos de la gestión de la Junta en la crisis de los topillos. "Este año se está detectando un repunte brutal de los venenos en los cotos de caza. Si la Junta inundó de veneno 400.000 hectáreas, ¿por qué no lo van a hacer los titulares de los cotos? La impunidad está garantizada", señalan.
Cinco agresiones contra el medio ambiente
Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.
Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.
La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.
La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.
Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.
«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»
WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes son Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.
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